La ausencia de la misión de Observación Electoral de la UE en los comicios para escoger el próximo presidente de Venezuela reduce las condiciones de transparencia y confiabilidad del proceso marcado por el ventajismo, pero la presencia de veedores y testigos de la sociedad civil y partidos son los determinantes para la fiscalización de los votos y un resultado confiable.
Es lo que sostienen expertos en el tema electoral y ONG de derechos humanos frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), el 28 de mayo último, de retirarle la invitación que habían hecho a la misión de la UE, y a las implicaciones que esto pueda generar al no poder supervisar ni avalar las elecciones más importantes que tienen lugar en la nación suramericana, en décadas.
Los venezolanos decidirán el 28 de julio próximo entre la recuperación de la democracia y el autoritarismo que asfixia al país.
“Aquí la misión de la UE no es indispensable para que la oposición gane una elección”, afirma el exrector del CNE, Vicente Díaz, quien de todas maneras se une a la petición generalizada de que el organismo electoral cercano al régimen de Nicolás Maduro revoque el veto a esa observación.
Para las elecciones presidenciales se mantiene la invitación al menos a siete delegaciones internacionales. Son CELAC, CARICOM, Unión Interamericana de Organismos Electorales, la Unión Africana, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el Centro Carter y el Panel de Expertos de la ONU, que no ha confirmado aún su presencia. Mientras, Colombia y Brasil informaron que no enviarán delegaciones al país.
Según Díaz, todas estas organizaciones tienen tradición de observación electoral y han participado en casi todos comicios. Sin embargo, dice que “lo ideal es que vinieran más”. “Las elecciones en Venezuela son profundamente ventajistas, desequilibradas y desiguales”, advierte.
Fiscalización nacional
Díaz, quien participó como rector del CNE en el período 2006-2014, en tres elecciones presidenciales que el chavismo ganó y en el referéndum para cambiar la Constitución que este perdió (2007), le sale al paso a cualquier pretensión del régimen de aumentar la desconfianza y abstención en las elecciones, con el veto a la misión. “Siempre han apelado a esa táctica”, dice.
La UE, de alta reputación en la labor de observación que cumplió en varias elecciones de Venezuela, ha ejercido su veeduría solamente en dos ocasiones desde 2006. Este año participó por última vez en las presidenciales en las que Hugo Chávez se impuso al opositor Manuel Rosales, debido a que el CNE prohibió la presencia de veedores internacionales. Luego, en 2021 la misión fue invitada para las regionales, tras un acuerdo especial.
En ambos procesos la observación europea emitió amplios informes que recogieron fallas, irregularidades y recomendaciones. Sin embargo, su labor no incidió en el resultado de las elecciones, según el exrector. Y sostiene que su ausencia tampoco lo hará.
Explica que los reportes de observación no son vinculantes en ningún país, y además la incidencia de la observación directa es por lo general “muy limitada”. “Se enfoca en el desempeño en medios de comunicación y en la eventual verificación de cualquier denuncia que pueda surgir”.
Aunque los partidos de la oposición unitaria pueden extenderle a la UE una invitación, Díaz asegura que la ausencia de la misión “no quiere decir que la elección no va a ser fiscalizada”, lo cual es, en su opinión, lo “determinante”.
“La fiscalización principal de la elección la hacen los testigos de las partes (partidos), cada uno de los candidatos los tendrá en cada mesa de votación, luego de ser acreditados y capacitados. Y también los miembros de mesas participan y son de la sociedad civil. Eso es la absoluta mayoría de la estructura logística de la elección que moviliza alrededor de 600.000 personas en todo el país, en términos aproximados y globales, lo que quiere decir que es una elección fiscalizada y eso no lo hace la UE”.
Menciona además que los observadores nacionales “son confiables”.
Participación de la sociedad civil
“Hemos hecho una observación que nadie nos ha discutido, hemos actuado literalmente como árbitros imparciales, con serio trabajo estadístico en estados importantes”, asegura el sociólogo Ignacio Ávalos, presidente del Observatorio Electoral Venezolano, creada en 2012 y que posee una red de 700 veedores profesionales que ha participado en elecciones.
Ávalos está convencido de que la veeduría nacional cobra realce ante la debilitada observación internacional por la “grave ausencia” de la UE, y el rol de acompañante del Centro Carter. “Esto hace fundamental la vigilancia; la fiscalización y atención de organizaciones de la sociedad civil y los testigos de las fuerzas políticas son clave para enfrentar el claro ventajismo del proceso electoral”.
El exrector Díaz, quien ha sido observador en países de Europa y América Latina, despeja cualquier duda sobre el papel de la observación interna. Y cita dos momentos clave.
“En 2015, la oposición ganó de manera contundente las legislativas, obtuvo dos tercios y no había misión de la UE. Y en 2017 la oposición triunfó con resultado cerrado en el referéndum constitucional y se logró detener el proyecto más peligroso que ha presentado el chavismo en Venezuela; y allí no hubo UE”, refiere. “Los testigos del bloque opositor fueron determinantes, y el gobierno lo reconoció”.
El veto a la UE
Mientras el régimen apela de nuevo a estrategias que propician la abstención, como las supuestas amenazas al funcionariado de vulnerar el secreto del sufragio, el CNE mantiene la posición de no reconsiderar el retiro de la invitación a la UE. “El Estado en vez de ser imparcial, se convierte en actor fundamental, como todos los poderes públicos, y eso hace que se busque mucho la observación electoral”, destaca Díaz.
El veto a la UE viola disposiciones internacionales y el numeral 5 del artículo 3 del pacto Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para todos, suscrito por el régimen y la oposición, en Barbados. Este establece la “solicitud de invitación a misiones técnicas de observación electoral acordadas, incluidas la Unión Europea”, entre otros veedores internacionales, según advierte la ONG Acceso a la Justicia, al evaluar el caso.
El exrector, por su lado, considera que detrás del argumento de las sanciones alegado por el CNE y que solo afectan a 50 funcionarios y exfuncionarios, subsisten otras razones para retirar la invitación a misión de la UE.
“Una, es que el CNE estaba renuente desde 2021 a que participara la UE, no obstante que la misión en su informe de fallas también reconoce los resultados como la voluntad de los electores, pero la invitación quedó establecida en la negociación de Barbados” que el gobierno firmó, señala.
Otra razón, según Díaz, es que “se alega que la misión de la UE se reunió con Juan Guaidó, expresidente transitorio desde 2029 hasta 2022, lo que el gobierno no toleró”.
“Pero creo que la razón fundamental es que intenta generar desconfianza y desmovilización del voto opositor, una de sus eventuales tácticas, en las elecciones”. Apuesta a que esto le costará, reseñó Diario Las Américas.