De acuerdo con información de BBC News, este caso ha captado la atención del país desde que ocurrió en febrero de 2024, cuando Riley fue brutalmente atacada en el campus de la Universidad de Georgia en Athens. Su agresor, José Ibarra, un venezolano de 26 años, fue condenado a cadena perpetua en noviembre tras intentar violar a la joven y golpearla hasta causarle la muerte.
Ibarra, quien tenía antecedentes de al menos dos delitos menores, ha sido el foco de críticas por parte de sectores conservadores que sostienen que, si las autoridades lo hubieran detenido y deportado previamente, la vida de Riley podría haberse salvado.
La propuesta
En respuesta a esta tragedia, el Partido Republicano ha propuesto una ley que lleva el nombre de la joven, la cual se encuentra actualmente en discusión en el Senado.
Esta legislación, que podría entrar en vigor antes del inicio del mandato de Donald Trump como presidente el 20 de enero, se basa en la premisa de que cualquier migrante indocumentado que enfrente acusaciones de hurto o robo será susceptible de arresto y probable deportación.
La llamada ley Laken Riley también otorga a los estados el derecho a demandar al gobierno federal si consideran que se están ignorando las leyes migratorias o si se libera a un indocumentado bajo custodia. Los defensores de esta ley argumentan que proporcionará mayor seguridad a las comunidades, mientras que los críticos advierten que representa una violación de los derechos constitucionales y pone en riesgo la presunción de inocencia de los migrantes.
El contexto legislativo de esta propuesta es significativo. La ley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado dominado por los demócratas. Sin embargo, con el reciente apoyo de varios congresistas demócratas, la ley ha vuelto a ser aprobada por la Cámara de Representantes y ha avanzado en el Senado, donde se espera un debate que podría culminar en su aprobación antes de que Trump asuma la presidencia.
El enfoque de esta legislación se alinea con las políticas de inmigración más estrictas que Trump ha prometido implementar, especialmente aquellas dirigidas a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Según expertos consultados por BBC, las implicaciones de la ley Laken Riley podrían facilitar la deportación de migrantes acusados de delitos menores durante su arresto, sin necesidad de un juicio previo. Esto contrasta con la legislación actual, que solo permite la deportación de aquellos condenados por al menos dos delitos menores.
Críticas
El impacto de esta ley ha suscitado preocupaciones sobre la potencial violación de la presunción de inocencia. Críticos, incluidos expertos legales y organizaciones de derechos civiles, argumentan que la medida podría llevar a un aumento de detenciones injustificadas y a un sistema judicial sobrecargado, debilitando la capacidad de los fiscales para manejar casos más graves. Además, existen temores de que la ley sirva como un instrumento para estigmatizar a los migrantes y profundizar divisiones sociales en el país.
Mientras los legisladores continúan debatiendo los detalles de la ley, se prevé que su futuro sea incierto, ya que las diferencias entre republicanos y demócratas son evidentes. Los republicanos abogan por mantener el texto original de la ley, mientras que algunos demócratas han expresado su intención de modificar aspectos controversiales que podrían afectar gravemente los derechos de los migrantes.
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