El gobierno de Estados Unidos está autorizado a exigir el registro obligatorio a inmigrantes indocumentados tras fallo judicial a favor de la Administración Trump.
Un juez federal autorizó al gobierno de Donald Trump a exigir que todas las personas que se encuentran en Estados Unidos sin estatus migratorio legal se registren ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
El requisito entrará en vigor este viernes y marcará un nuevo capítulo en la política migratoria del presidente republicano. El fallo fue emitido este 10 de abril, por el juez Trevor Neil McFadden, nominado al cargo por el propio Donald Trump.
McFadden desestimó los argumentos de los grupos demandantes, que advertían sobre el uso del registro como instrumento para facilitar deportaciones masivas.
El magistrado considera que la medida de la Administración Trump se basa en disposiciones legales ya existentes, recogidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. En su criterio, solo se está activando un mecanismo legal que hasta ahora se había aplicado en circunstancias excepcionales.
Tras el fallo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado urgente. Los inmigrantes que llevan más de 30 días en el país deben completar su registro a más tardar este viernes. Quienes incumplan se exponen a multas, penas de cárcel o ambas sanciones.
El registro será obligatorio para todos los extranjeros mayores de 14 años sin estatus legal. Estos deberán entregar sus huellas dactilares y dirección de residencia, a través de un proceso habilitado en el portal oficial de USCIS. Los padres o tutores legales deberán registrar a los menores de edad.
“El presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora”, reiteró el DHS. La intención del gobierno es utilizar esta base de datos como herramienta para coordinar las deportaciones de indocumentados.
El registro se anunció en febrero y no representa un estatus migratorio ni otorga beneficios legales o laborales, pero su incumplimiento será considerado delito. Las sanciones también aplicarán para quienes no informen cambios de dirección o desobedezcan órdenes de salida del país.
La normativa se apoya en una ley poco utilizada desde 1940, reactivada brevemente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se exigió el registro de ciudadanos de 25 países, mayoritariamente de mayoría musulmana. Aquella política generó más de 13,000 deportaciones, pero fue disuelta en 2016 tras fuertes críticas.
En este nuevo contexto, activistas y abogados de inmigración han advertido sobre las implicaciones éticas y legales de la medida. Comparan la iniciativa con prácticas históricas de control de poblaciones vulnerables, y temen que sirva para estigmatizar a toda la comunidad migrante, incluidos aquellos sin antecedentes penales.
Pese a las críticas, la Casa Blanca mantiene firme su postura, señalando que el registro no solo es legal, sino una obligación histórica nunca aplicada de forma efectiva. Para la Administración Trump, este paso es esencial en su promesa de reforzar el control migratorio y priorizar la seguridad nacional.