El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su campaña de «máxima presión» contra el líder venezolano, Nicolás Maduro, en un grave desafío a la crucial industria petrolera del país sudamericano.
En febrero, el gobierno de Trump anunció la cancelación de la licencia de Chevron para extraer y exportar petróleo en Venezuela, así como los permisos de otras compañías petroleras occidentales. El mes pasado, el presidente también anunció aranceles «secundarios» del 25% a las importaciones de cualquier país que compre petróleo del país sudamericano, una medida sin precedentes anunciada antes de su ofensiva arancelaria del «Día de la Liberación».
Si bien las compañías petroleras tienen hasta el 27 de mayo para reducir sus operaciones en Venezuela, los aranceles secundarios, que entraron en vigor el 2 de abril, pueden aplicarse a discreción del secretario de Estado, Marco Rubio. Mientras tanto, Energy Source analiza cómo estas medidas podrían afectar a la industria petrolera venezolana.
El problema de Chevron en Venezuela
La salida de Chevron de Venezuela supondría un duro golpe para la producción petrolera del país. Aproximadamente una cuarta parte de la producción nacional proviene de una empresa conjunta entre la compañía estadounidense y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que ha impulsado la recuperación del moribundo sector petrolero venezolano.
A pesar de contar con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, la corrupción, la mala gestión y las sanciones impuestas por Estados Unidos provocaron que la producción de crudo del país se desplomara de aproximadamente 2,5 millones de barriles diarios en 2016 a 400.000 barriles diarios en 2020. El año pasado aumentó a aproximadamente 1 millón de barriles diarios, en parte debido a la empresa conjunta de Chevron con PDVSA.
A través de su empresa conjunta, Chevron ha suministrado a PDVSA diluyente —una sustancia que los productores de petróleo utilizan para diluir el tipo de crudo pesado que se encuentra en Venezuela—, el cual es fundamental para la extracción y el transporte del combustible. La pérdida de diluyente “podría volverse extremadamente problemática” para el sector petrolero venezolano, afirmó Schreiner Parker, director general para América Latina de Rystad Energy.
Según Parker, Venezuela no pudo adquirir diluyente en el mercado abierto después de que la primera administración de Trump impusiera sanciones a Venezuela en 2019. El sector petrolero “dependía casi exclusivamente del crudo ilegal para los intercambios de condensado con Irán y así acceder al diluyente”, afirmó.
La Casa Blanca también está revocando los permisos de grupos petroleros occidentales como la italiana Eni, la española Repsol y Global Oil Terminals, una empresa comercializadora propiedad de Harry Sargeant III, un destacado donante republicano que también ha actuado como intermediario entre Caracas y Washington.
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