Según un documento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sigla en inglés), la medida que entrará en vigor el 24 de abril, eliminará los permisos de trabajo y las protecciones contra la deportación de estos migrantes. Aquellos que no tengan otra base legal para permanecer en el país deberán abandonar Estados Unidos voluntariamente o enfrentar procesos de deportación.
El DHS justificó la decisión argumentando que los programas no lograron reducir significativamente la migración irregular en la frontera suroeste y, en cambio, «generaron una carga adicional para las comunidades locales y el sistema de inmigración».
Además, la Administración Trump señaló que estos programas «son inconsistentes con su política exterior, que prioriza la seguridad fronteriza y la aplicación estricta de las leyes de inmigración».
Esta decisión se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la Administración Trump. Desde que asumió el cargo, Trump ha impulsado medidas para intensificar la aplicación de la ley migratoria, incluyendo esfuerzos para deportar a un número récord de migrantes que se encuentran sin permiso en Estados Unidos.
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