El gobierno de Donald Trump está considerando una prohibición total de entrada a ciudadanos de Cuba y Venezuela a los Estados Unidos «sin excepciones», según fuentes cercanas al plan.
Esta política afectaría a todos los nacionales de estos países, sin importar su lugar de residencia, impidiéndoles la entrada incluso si buscan asilo o tratamiento médico, informó el diario El Nuevo Herald, quien consultó fuentes cercanas al gobierno.
Según el rotativo este plan fue diseñado por Stephen Miller, exasesor de Trump y arquitecto de sus políticas migratorias más estrictas, y podría afectar también a cubanos y venezolanos que residen en terceros países y no tienen otra ciudadanía.
Las fuentes consultadas por El Nuevo Herald indicaron que la medida no contempla excepciones para ancianos, enfermos o disidentes políticos perseguidos, como los recientes casos del niño Damir Ortiz y la opositora Martha Beatriz Roque, lo que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y miembros del Congreso.
La medida se enmarca en una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Estado a suspender parcial o totalmente la admisión de ciudadanos de países considerados deficientes en «investigación y selección migratoria».
A pesar de que versiones anteriores de esta política bajo Trump incluyeron un mecanismo de exenciones, en esta ocasión podría eliminarse por completo.
Al respecto, el medio ejemplifica con los casos como el de Damir Ortiz, un niño cubano de 10 años con leucemia y de la disidente Martha Beatriz Roque, quienes lograron ser trasladados a Miami para recibir tratamiento, quienes viajaron para recibir tratamiento médico gracias a las políticas hasta ahora vigentes, ejemplifican cómo la prohibición podría poner en peligro vidas.
Por otra parte, los congresistas republicanos de Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, enfrentarían presión de sus electores, ya que la comunidad cubana y venezolana en el sur de Florida se vería severamente afectada.
Aunque Florida es un bastión republicano, analistas advierten que esta política podría influir en las próximas elecciones intermedias.
Abogados y exfiscales advierten que el plan podría enfrentar impugnaciones judiciales, particularmente por la falta de exenciones. David Weinstein, exfiscal estatal y federal de Miami-Dade, señaló que los cubanos y venezolanos podrían argumentar que la prohibición afecta injustamente a sus familiares y viola derechos fundamentales.
La falta de claridad sobre la implementación ha generado incertidumbre entre los legisladores, incluidos algunos republicanos que desconocen detalles del plan.